Las 20 medidas de Izquierda Unida para combatir la corrupción

Empecemos afirmando un hecho incontestable: la corrupción política es una lacra que mina los pilares de la democracia. Además, la corrupción política pone de manifiesto la calidad de la democracia así como el grado de integridad moral de la sociedad en la que ocurre. Dicho en otras palabras: la corrupción es un peligro y una vergüenza que, además, nos saca las vergüenzas.

La ciudadanía puede reaccionar de varias maneras cuando en una democracia se suceden los casos de corrupción política. Por ejemplo, y esta sería la respuesta más sana, castigando a los corruptos y repudiando electoralmente a los partidos que los presentan. Otra posible respuesta ciudadana, mucho menos recomendable que la anterior, consiste en alejarse de la política. Los votantes dejan de ir a las urnas, los partidos pierden afiliación y hay una sospecha generalizada sobre lo que engañosamente se denomina clase política. Y la última opción, la más dañina, sería que la corrupción contagiara a la ciudadanía de modo tal que el votante premiara al corrupto con su voto porque, en el fondo, querría ser como él (si es que ya no lo es) en el caso de tener la oportunidad de desempeñar un cargo público. Una consecuencia adicional de este comportamiento es que los partidos con corruptos son incentivados a ser más corruptos y a revolverse contra los mecanismos de control, judiciales y políticos, instaurados para combatir todas estas desviaciones tan perniciosas. El ejemplo más elocuente de esta situación nos lo ofrece Italia.

En España la respuesta que la ciudadanía da a la corrupción es una mezcla de las dos últimas opciones antes citadas. Por lo tanto, la reacción ciudadana ante la corrupción no refuerza nuestra democracia sino que la debilita. Efectivamente, de una parte observamos que la valoración de la política es muy baja y, de otra, que el electorado no sólo no castiga sino que premia al PP que es el partido que más casos de corrupción tiene. Esto lo vimos en las últimas elecciones municipales y lo vemos ahora en los resultados de las encuestas sobre intención de voto. Esta actitud da alas al PP para instalarse en la complacencia con sus corruptos y para arremeter contra la policía, la guardia civil, los fiscales, los jueces y las leyes anticorrupción poniendo en cuestión los fundamentos del Estado de Derecho.

España atraviesa un momento delicado. A la crisis económica y a los casi cuatro millones de parados se unen el descrédito general de la política y una derecha tentada con tirarse al monte que ha dejado crecer en su seno un presunto sistema corrupto de financiación. No podemos permitir que España se “berlusconice” y no podemos caer en el engaño de creer que los mismos que amparan a los corruptos sean los que nos den lecciones acerca de cómo combatirlos. No se atajará el problema si no se toman medidas radicales. Estas disposiciones necesarias son las que plantea IU y la prueba más elocuente de ello es que nuestras propuestas anticorrupción no son apoyadas en el Congreso de los Diputados ni por el PSOE ni, por supuesto, por el PP.

En cierto modo esta es una de las razones que explican que tanto el PP como el PSOE coincidan en mantener un sistema electoral que nos roba diputados y senadores. Sabemos que no les gusta lo que decimos, sabemos que están muy cómodos asentados en un sistema bipartidista que, por otra parte, está en crisis y, sobre todo, no quieren que el mensaje de IU llegue nítido a la ciudadanía, no vaya a ocurrir que se produzca una rebelión cívica contra tanta hipocresía y desahogo.

Pero no podemos terminar estas reflexiones sin hacer referencia a la corrupción en el PP. Y lo hacemos porque en este partido los casos de corrupción no son hechos aislados sino que parecen constituir un sistema que, quizá, tenga que ver con una estructura de financiación ilegal y porque el PP no ha dudado en los últimos meses en socavar la dignidad del Estado de Derecho con tal de defender a sus corruptos (algo parecido a lo que hizo el PSOE en la última legislatura de Felipe González, con sus FILESAS, Marianos Rubios, Roldanes y compañía). Es un escándalo que el PP haya dado cobijo a tanto presunto sinvergüenza y que siga defendiendo a algunos de los suyos que son todo menos ejemplo de civismo y de honradez. Para muestra de lo dicho, he aquí una lista no exhaustiva de algunos de los casos más sonados de presunta corrupción en el PP:

Tres diputados regionales de Madrid implicados en la trama Gürtel:

·Alfonso Bosch Tejedor, diputado de la Asamblea de Madrid, ex gerente de la EMV de Boadilla. Acusado de recibir 250.000 euros en sobornos. El juez ha determinado embargarle los bienes porque se niega a pagar la fianza de 750.000 euros. A pesar de todo, el PP le mantiene como diputado de la Asamblea de Madrid cobrando el sueldo íntegro.

·Alberto López Viejo, ex Consejero de Deportes, diputado de la Asamblea de Madrid y responsable de las escenografías electorales de Esperanza Aguirre. Acusado de recibir 563.000 euros en sobornos. El juez ha determinado embargarle los bienes porque se niega a pagar la fianza impuesta por 750.000 euros. Sigue cobrando su sueldo como diputado.

·Benjamín Martín Vasco, diputado de la Asamblea de Madrid. Acusado de cobrar 437.000 euros en sobornos. El juez ha determinado embargarle los bienes porque se niega a pagar la fianza que asciende a 950.000. Además, Hacienda le reclama deudas como consecuencia de los supuestos sobornos recibidos de la trama Gürtel cobrados a través de la Empresa Pública del Suelo de Arganda del Rey.

Varios alcaldes de la Comunidad de Madrid implicados en la trama Gürtel:

·Jesús Sepúlveda, ex Alcalde de Pozuelo de Alarcón. Imputado por recibir sobornos por 422.000 euros y un todoterreno. Ahora trabaja para el PP en la sede Génova. Hacienda le reclama dinero.

·Arturo González Panero, ex Alcalde de Boadilla. Imputado por recibir sobornos a cambio de favorecer a Correa. Viajó con Correa varias veces a Miami, lugar en el que se sospecha que la trama Gürtel desvió dinero. Hacienda le reclama dinero.

·Ginés López, ex Alcalde de Arganda. Imputado por recibir más de medio millón de euros en sobornos. Hacienda le reclama deudas.

·Guillermo Ortega, ex Alcalde de Majadahonda. Acusado de firmar contratos ilegales con Correa por valor de más de dos millones de euros. Su asesora fue esposa de Correa.

Otros cargos y colaboradores del PP de Madrid implicados en la trama Gürtel:

·Carlos Clemente, ex Viceconsejero de Inmigración. Imputado por recibir regalos, un sobre con 16.000 euros y por delitos de asociación ilícita y blanqueo de dinero negro.

·Tomás Martín Morales, Vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla. Acusado de recibir sobornos por valor de 450.000 euros. Hacienda le reclama dinero.

·María del Carmen Rodríguez, administradora de Easy Concept, jefa de gabinete de Guillermo Ortega, alcalde de Majadahonda y esposa de Correa. El juez Pedreira fijó en abril de 2010 una fianza de 800.000 euros para eludir la prisión preventiva.

·José Javier Nombela, vocal del PP en la Junta de Distrito de Moncloa (Madrid) y ex asesor de un concejal del Ayuntamiento de Madrid. Trabajó en las empresas Special Events y en Easy Concept.

·José Galeote, Consejero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla y ex concejal. Acusado de recibir sobornos por valor de 612.506 euros. El juez ha determinado embargarle los bienes porque se niega a pagar la fianza. Hacienda le reclama deudas millonarias.

·Joaquín García Mármol, ex Gerente de Special Events y Pasadena Viajes, además de psicólogo del Ayuntamiento de Arganda. Imputado en el caso Gürtel.

·Ramón Blanco Balín, otro de los cabecillas de la trama Gürtel. El Juez Pedreira, encargado de la investigación, fija en abril de 2010 una fianza de 30 millones de euros para que Balín eluda la prisión preventiva.

Otros imputados de la trama corrupta Gürtel pertenecientes al PP o cercanos al PP:

·Francisco Correa. Este empresario detenido es el presunto líder de la trama de corrupción. Ha intentado durante años hacerse un hueco en el entorno del PP. Con amigos y enemigos en el partido, la investigación demuestra que se jacta de una presunta buena relación con sus dirigentes para conseguir contratos. En las grabaciones, llega a decir que llevó dinero al tesorero del partido a la sede de la organización y a su casa. Fue uno de los 25 testigos de la boda de Alejandro Agag y Ana Aznar. Se presume que guarda una importante fortuna en paraísos fiscales. En abril de 2010, el Juez Pedreira, instructor del caso Gürtel, ha fijado a Correa una fianza de 85 millones de euros.

·Jesús Merino. Es diputado del PP por Segovia y, al igual que Bárcenas, está siendo investigado por el Supremo. En su caso, el alto tribunal tiene indicios de cohecho. Forma parte del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso. Es encargado de coordinar las comisiones.

·Ricardo Galeote, concejal del Ayuntamiento de Estepona, acusado de recibir 42.469 euros en sobornos. Es padre de otro imputado, José Galeote, y del europarlamentario del PP Gerardo Galeote.

·Gerardo Galeote, europarlamentario del PP, Hacienda le reclama deudas millonarias por recibir sobornos.

·Ricardo Costa. Era la mano derecha de Francisco Camps en el PP valenciano, y ex secretario general del partido y ex portavoz en las Cortes. Nacido en Castellón y hermano del ex ministro Juan Costa, parecía una de las figuras emergentes del PP hasta que estalló Gürtel. Según el auto preparado por Garzón antes de inhibirse en favor del TSJ de Valencia, Costa adquirió trajes en diferentes tiendas de ropa por un importe de 7.325 euros que fueron pagados por Orange Market, empresa gestionada por 'El Bigotes'. Garzón imputó también a Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.

·Luis Bárcenas,  tesorero nacional del PP y senador por Cantabria, está investigado por el Tribunal Supremo. La resolución del Supremo indica que existen elementos indiciarios que parecen apuntar a delitos contra la hacienda pública y de cohecho. Declaraciones sumariales que acreditarían la estrecha relación entre Bárcenas y Correa; anotaciones contables que reflejan entregas de fondos y reparto de dinero; investigaciones tributarias y del entramado mercantil creado en paraísos fiscales... La Fiscalía del Tribunal Supremo cree disponer de una sólida base indiciaria para implicar al tesorero nacional del Partido Popular en la trama de corrupción. En su día, el juez Garzón acusaba a Bárcenas de recibir 1.353.000 euros de la trama de Correa. Luis Bárcenas ha acumulado en los últimos años un patrimonio inmobiliario valorado en unos 3,3 millones de euros. Todos esos inmuebles (en el madrileño barrio de Salamanca, en Guadalmina (Marbella) y en Baqueira Beret) han sido pagados al contado.

·Pablo Crespo Sarabis. Fue el secretario de Organización del Partido Popular de Galicia hasta 1999. Coincide en varias empresas con otros de los imputados en el caso, entre otras, con Special Events o Pasadena Viajes (contratadas por varios ayuntamientos del PP, entre otros los de Boadilla del Monte y Majadahonda). Fue uno de los primeros detenidos en la operación de la Audiencia Nacional contra la trama de corrupción que actuaba vinculada al PP. En abril de 2010, el Juez Pedreira, instructor del caso Gürtel, ha fijado a Crespo una fianza de 85 millones de euros.

·Álvaro Pérez Alonso. Responsable de Orange Market, una empresa que fue contratada en repetidas ocasiones por el PP de Valencia y por el Gobierno de la Generalitat de esa Comunidad Autónoma. Conocido como 'El Bigotes' está casado con una ex 'mammachicho' y está emparentado con Andrés Pajarés. Presumía de trajes a medida, casas lujosas, habanos y motos exclusivas. El juez Pedreira, instructor de la invetigación, fijó en abril de 2010 una fianza de 650.000 euros.

Otros Alcaldes o ex-alcaldes del PP detenidos en otras Comunidades Autónomas:

·Francisco Valido, ex alcalde de Telde (Gran Canaria), detenido el 7 de noviembre de 2006 en el denominado 'Caso Faycan'. Imputado por cohecho, quedó en libertad provisional el 8 de noviembre de 2006, tras abonar una fianza de 80.000 euros. El PP suspendió cautelarmente su militancia, pero después levantó la suspensión. En noviembre de 2009 ha sido imputado nuevamente en otro caso de corrupción urbanística en el municipio de Telde.

·Eugenio Hidalgo, ex alcalde del municipio mallorquín de Andratx (Mallorca), detenido el 27 de noviembre de 2006 en el marco de la 'Operación Voramar'. Ingresó en prisión en dos ocasiones y el 26 de mayo de 2008 fue condenado a cuatro años de cárcel dentro de la primera pieza juzgada del caso. En noviembre de 2008 fue nuevamente condenado a siete años de inhabilitación para cargo público por prevaricación.

·Juan Martín Serón, Alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), fue detenido el 18 de enero de 2007 y quedó en libertad al día siguiente bajo fianza de 100.000 euros. La Fiscalía pidió en enero de 2009 que se inculpe a Serón y a otras 24 personas en el denominado 'caso Troya', que investiga una trama de corrupción urbanística. Serón sigue al frente de la alcaldía.

·José Francisco González, Alcalde de Mogán (Gran Canaria), detenido en la 'Operación Góndola' el 23 de enero de 2007, fue imputado por malversación de caudales públicos y cohecho. Tres días después quedó en libertad sin fianza y se reincorporó a su puesto. En la actualidad está en libertad con cargos.

·José Martínez Andreo, Alcalde de Totana (Murcia), detenido el 29 de noviembre de 2007 dentro de la 'operación Totem', sobre una presunta trama de corrupción urbanística en la que fueron detenidas 16 personas, entre ellos el diputado autonómico murciano Juan Morales. El 1 de febrero de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 70.000 euros y se reincorporó a la alcaldía. En diciembre de 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) acordó el "sobreseimiento provisional" de la denuncia a Andreo por cohecho. En la actualidad está en libertad con cargos.

·Daniel García Madrid, Alcalde de Torre Pacheco (Murcia), detenido el 2 de abril de 2008. El 29 de abril salió en libertad con cargos y el 16 de mayo se reincorporó a la alcaldía.

·José Martínez García, Alcalde de Librilla, detenido por cohecho y blanqueo. En la actualidad está en libertad con cargos.

·José Más, ex Alcalde de Llíber (Alicante), está en la cárcel por cobrar sobornos (casi un millón de euros) a cambio de conceder licencias de construcción.

·José Javier Carrión, ex Alcalde de Montroi (Valencia), detenido el 3 de febrero de 2010 por presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación.

Presidentes de Diputación del PP imputados:

·Carlos Fabra, Presidente de la Diputación de Castellón, imputado numerosas veces por delitos fiscales y tráfico de influencias. Según su testimonio, a Carlos Fabra ya le ha tocado el gordo de la lotería en tres ocasiones. Otro caso de alguien que tuvo igual “suerte” jugando a la lotería fue el de Juan Antonio Roca, imputado en la Operación Malaya, que llegó a declarar al juez que le tocó la lotería en 80 ocasiones. Preside la diputación desde 1995. Cuatro años más tarde, en 1999, ingresa en las 94 cuentas corrientes que tiene abiertas, que se sepa, en bancos españoles, 600.000 euros que no sabe explicar de dónde han salido. En 1999, su patrimonio declarado estaba valorado en 150.000 euros y, cinco años después, se había cuadruplicado. Del 2000 al 2004, compaginó la presidencia del PP y de la Diputación de Castellón con su consultoría y, pese a dedicar a sus negocios privados sólo parte de su tiempo libre, las empresas le pagaron 814.000 euros por sus valiosos consejos. En esos 5 años, de 1999 al 2004, la declaración de la renta le salió siempre negativa.

Altos cargo imputados y detenidos del PP por el caso Palma Arena:

·Jaime Matas. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, citó al ex presidente del Gobierno balear a declarar como imputado en el caso de presunta corrupción en torno a la construcción del velódromo Palma Arena, así como por el aumento de su patrimonio personal. Junto a Matas, fueron citados, también como imputados, su esposa, María Teresa Areal, su cuñado y ex gerente del PP balear, Fernando Areal -que ya declaró ante el juez como imputado- y el presidente de la compañía Gesa-Endesa, Bartomeu Reus. La Fiscalía estudió el incremento patrimonial de Jaime Matas a raíz de cinco denuncias. En la investigación de la Fiscalía se menciona, entre otras cosas, una vivienda de más de 400 metros cuadrados en un palacete del centro de Palma adquirida por Matas por 950.000 euros, cuando el valor estimado de la Agencia Tributaria en octubre de 2006 era de casi 2,5 millones. El Juez José Castro le impuso una fianza de tres millones de euros o prisión preventiva al atribuirle al menos los siguientes delitos: malversación, prevaricación, cohecho, delito electoral, delito fiscal y falsedad documental. Además, el juez ha determinado de manera preventiva retirarle el pasaporte por considerar que hay riesgo de fuga.

·Rosa Estarás, Presidenta del PP de las Islas Baleares, dimite de su cargo por los escándalos de corrupción del velódromo Palma Arena. Rosa Estarás, la presidenta del Partido Popular de las Islas Baleares, renunció a su cargo en mitad del proceso judicial que investiga un supuesto desfalco millonario en la construcción de la obra estrella del gobierno del ex presidente Jaime Matas. La dimisión se produce apenas dos semanas después de que el caso de corrupción se cobrara su primera víctima política, Rafael Durán, portavoz del PP de Palma y a quien Rosa Estarás había ratificado en su cargo 15 días antes de su dimisión.

·José Luis Ballester, ex Director General de Deportes del Gobierno de Baleares, fue detenido en el marco de la Operación Espada que investiga las posibles irregularidades en las obras del velódromo Palma Arena. En la actualidad está en libertad bajo fianza.

·José Juan Cardona, parlamentario balear del PP y Consejero de Comercio en el Gobierno de Jaime Matas de 2003 al 2007, ha sido encausado en diciembre de 2009 por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares por presunto desvío de más de tres millones de euros desde una empresa pública y por presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsificación documental, cohecho y fraude a la administración pública.

Otros Alcaldes y concejales del PP detenidos o condenados por otros delitos:

·Javier Rodrigo de Santos, concejal de Palma de Mallorca, fue condenado por gastar 50.000 euros del presupuesto municipal en prostíbulos gay. A la vergüenza de este caso se une el hecho de que este concejal, que alardeaba de ser un católico estricto, se negase a oficiar bodas de homosexuales en el consistorio. En un segundo proceso también ha sido acusado de abuso de menores, solicitando la fiscalía que se le aplique una pena de 24 años y tres meses de cárcel.

·Santiago Moya Borrero, concejal del PP en el Ayuntamiento de El Granado (Huelva) fue acusado de un presunto delito de tráfico de drogas por el que estuvo en prisión preventiva. El concejal fue puesto a disposición judicial por la Guardia Civil de Ceuta por delito contra la salud pública y tráfico de drogas" por lo que ha cumplido dos meses de prisión preventiva, tras ser detenido por transportar presuntamente 11,170 kilogramos de hachís cuando se disponía a embarcar en un ferry destino a Algeciras, en mayo de 2009.

·Juan Cano, Alcalde de Polop, es detenido por la Guardia Civil por su presunta participación en el asesinato de su antecesor. El crimen, perpetrado por unos sicarios, fue organizado en un prostíbulo de carretera llamado Mesalina.

Y, por ahora, no continuamos más aunque la lista podría seguir con otros nombres: Francisco Camps, Presidente de la Comunidad Valenciana; Pedro Gordillo, Vicepresidente del Gobierno de Ceuta ...

¿Cómo se puede seguir votando al PP? ¿Cómo alguien puede creerse que el PP está contra la corrupción? ¡Qué indignación! Sobran los comentarios.

Por todo lo anteriormente expuesto, Izquierda Unida propone un acuerdo político de ámbito estatal para prevenir y combatir la corrupción y regenerar la vida democrática. Este acuerdo contiene veinte medidas que van desde el aumento de las penas y del periodo de inhabilitación para cargos públicos corruptos, hasta la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y la aplicación de formas de control democrático a las contrataciones públicas.

Izquierda Unida considera que la corrupción está íntimamente ligada al modelo productivo dominante en España y pone en grave peligro la democracia, alentando el populismo y la 'berlusconización' de la política.

Izquierda Unida propone que el acuerdo se concrete en sede parlamentaria, después de un Pleno Extraordinario. Izquierda Unida también lo extenderá a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Las medidas principales que Izquierda Unida propone como contenidos del Acuerdo son:

A. Mejora en la eficacia de la persecución de los delitos relacionados con la corrupción

1.- Endurecimiento de las penas en el Código Penal.
2.- Ampliación hasta 30 años de la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
3.- Limitación de regalos e invitaciones de los empleados públicos.
4.- Dotación de medios a las Fiscalías Anticorrupción, a los Tribunales Superiores de las CCAA y a la Agencia Tributaria. Investigación de los patrimonios que no se correspondan con los ingresos declarados.
5.- Procedimiento de urgencia en las diligencias judiciales relacionadas con la corrupción política.
6.- Responsabilidad subsidiaria para las Instituciones Financieras que colaboren en ocultación de bienes, evasión de capitales y operaciones en paraísos fiscales de los condenados en delitos vinculados a la corrupción.
      　
B. Medidas para el control democrático de la contratación y de los procedimientos urbanísticos

7.- Establecimiento de Comisiones de Control y Seguimiento de la contratación y las externalizaciones en Departamentos Ministeriales, Consejerías, Organismos y Ayuntamientos con participación de representantes de los trabajadores y, en su caso, de los partidos de oposición y de las Asociaciones de Vecinos.
8.- Creación de una Comisión Parlamentaria Especial y Comisiones homólogas en los Parlamentos de las CCAA.

C. Medidas legislativas

9.- Reforma de la Ley Electoral.
10.- Reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
11.- Reforma de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
12.- Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.
13.- Ley de Financiación Local que garantice el principio de suficiencia.
14.- Incorporación al ordenamiento legal español de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)
15.- Desarrollo urgente de las medidas preventivas contempladas en la Ley del Suelo.
      　
D. Medidas para asegurar la transparencia de la gestión pública

16.- Regulación con criterios de austeridad de los salarios de los cargos públicos.
17.- Regulación de un sistema de incompatibilidades de los cargos públicos.
18.- Creación de un registro público de recalificaciones de suelo y aumento de la fiscalidad de las plusvalías obtenidas.
19. Creación de un registro de poseedores de billetes de 500€.
20.- Aplicación de un "Código ético del cargo público".

Izquierda Unida adaptará estas medidas a las competencias y características de las diferentes Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y presentará las correspondientes propuestas en los respectivos Parlamentos y Plenos Municipales.